El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene ahora la potestad de fijar valores máximos y garantizar la provisión de todos los insumos que considere críticos.

La consigna del Gobierno está clara: 29% de inflación para 2021 y salarios que le ganen por tres o cuatro puntos. Lo que no está claro es la manera en la que se va a llegar a ese objetivo. Con un 7,8% de alza de precios acumulado en un bimestre y sin perspectivas de que esa marcha hacia arriba aminore, el dólar semi pisado, el diálogo -las mesas sectoriales- y el “garrote” se vuelven piezas claves del plan. El Gobierno avanzó en este último punto: se atribuyó más potestades para hacer controles, y puso en marcha un sistema nuevo de información de precios y cantidades para insumos y productos finales.

Todo empezó con la extensión de la emergencia sanitaria, el jueves pasado. El decreto 167/2021, que dispuso una prórroga hasta fines de este año, vino con un cambio con respecto al texto original. En el de 2020, se les daba a los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo la capacidad de fijar precios máximos y de tomar medidas para prevenir el desabastecimiento “para el alcohol en gel, los barbijos, u otros insumos críticos, definidos como tales”. En el de 2021 solamente se habla de “insumos críticos”. Sin especificaciones.

Ese último punto puso en estado de alerta el sector privado, que estimó mayores controles en los primeros eslabones de las cadenas productivas, es decir, en los proveedores de bienes intermedios, los que se utilizan para los productos finales que se venden al público. Las sospechas fueron reales: esta madrugada se creó el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas “de bienes finales e intermedios” que estará en marcha a fines de esta semana, confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El Sipre, creado por la resolución 237, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, permitirá “hacer más sencilla y transparente la cadena de comercialización de productos en el mercado interno”. En otras palabras, intensificará los controles de precios y el abastecimiento “hacia atrás”. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, la política de Precios Máximos congela los valores para los productos que llegaban a las góndolas, pero no así para los que las empresas debían comprar para fabricar esos bienes. Este régimen informativo en principio no fija congelamientos, pero es un primer paso para monitorear lo que sucede en toda la cadena productiva de distintos sectores.

Cuando iniciaron las mesas sectoriales en el marco del “acuerdo de precios y salarios” que impulsa el Gobierno, las subas de precios en los distintos eslabones de la cadena fue uno de los temas que las compañías que venden al público llevaban al debate. “No me dejan aumentar, pero a mí me suben los costos”, es una frase que repiten los hombres y mujeres de negocios en off the record.

El último eslabón de la cadena ya está acostumbrado a los regímenes informativos, porque debe presentar datos en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), una herramienta creada durante la presidencia de Mauricio Macri muy utilizada por esta administración durante la pandemia. Algunos de esos datos llegaban al consumidor a través de la plataforma Precios Claros, que permite comparar valores de algunos productos de almacén y supermercado en las cadenas de distintos puntos del país.

La diferencia con el SEPA, explicaron desde el ministerio que dirige Matías Kulfas, es que en este caso la información será confidencial, es decir, el público no tendrá acceso a ella. El Sipre tiene un doble objetivo, añadían: detectar problemas de abastecimiento y subas de precio desmedidas en los insumos que requieran una charla mano a mano con la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de las imputaciones a empresas.

Serán 500 las firmas que deberán participar del Sipre, que se enfocará en sectores críticos como los alimentos, las bebidas, los materiales de la construcción y los de limpieza. Son las firmas que facturen más de $965.460.000 para las del sector de la construcción; más de $2.602.540.000 para el comercio y más de $2.540.380.000 dedicadas a la actividad industrial. Las empresas deberán informar mensualmente bajo declaración jurada.

Los proveedores de insumos claves en la actividad aseguraban que no hay margen para aplicar la Ley de Abastecimiento, que obliga a las compañías a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada. Varios sectores se quejan de la falta de insumos por el cepo reforzado, que retrasa las licencias para importar por la falta de dólares.

Según la teoría económica clásica, “el mercado” ajusta solo: por precios o por cantidades. De esa manera, el Gobierno avanzaría a partir de esta semana en las herramientas para limitar ambos mecanismos. Por un lado, mediante las imputaciones por desabastecimiento, como las que se vieron en los últimos días en el sector de la construcción. Por el otro, con el énfasis en las herramientas para controlar los precios. El Sipre es un paso más en ese sentido.

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