La funcionaria que investiga a Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada, la cuestionó por no haber atendido a los motociclistas a los que embistieron.

La fiscal Eugenia Di Lorenzo, que investiga el accionar de Juan Pablo Buzali en el marco de una causa por doble homicidio doloso en grado de tentativa, se refirió a la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” que presentaron los abogados Martín de Vargas Rodolfo Baqué, que representan a los motociclistas que la pareja embistió en la madrugada del 1 de enero de este año.

En ese sentido, la fiscal consideró que la presentación fue “prematura”, pero no se privó de realizar una fuerte crítica respecto al accionar de Carolina Píparo en el delito. La titular de la UFI N° 17 no avanzó en la imputación, ya que consideró que resulta “prematuro el requerimiento”, pero resolvió “tenerla presente” hasta que “se encuentran medidas pendientes de producción”.

Los abogados de las víctimas habían advertido que “cuando su marido Juan Buzali atropelló a Luis Lavalle y al menor que lo acompañaba, Píparo se representó la existencia de víctimas llegando a pensar incluso que habían matado a alguien. Siendo consciente de ello, y en su rol de funcionaria pública nunca procuró asistencia para las víctimas, no llamó nunca al SAME, y en sus llamadas al 911 posteriores a que su marido intentara matar a dos chicos inocentes nunca pidió una ambulancia“.

En su resolución, Di Lorenzo reprobó el accionar de la funcionaria, que sigue al frente de la secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata (además de ser diputada bonaerense) y que jamás -desde el 1 de enero- llamó a las víctimas para ofrecer disculpas o solidarizarse por su situación

“Luego del hecho, Buzali se dio a la fuga del lugar, abandonando a su suerte a las víctimas, siendo arengado ello por Carolina Píparo, quien refirió en el marco de la investigación de referencia: ‘le metí mucha presión para escapar porque las motos seguían atrás’, evidenciando un notable desinterés por parte de la sindicada, hacia la situación de salud en que habían quedado abandonadas las víctimas en virtud del impacto, omitiendo el auxilio debido, sin siquiera solicitar al menos una ambulancia a fin que las asistieran, ni efectuar un llamado al servicio de emergencias del 911 dando cuenta que acababan de atropellar a dos personas”, advirtió la fiscal en su resolución.

Y describió el comportamiento como de “gravedad institucional” y “interés público”, siendo que no solo Píparo es funcionaria pública sino que “puntualmente” es titular de la “Secretaría del Centro de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género”. “Lejos ha quedado con su proceder, la bandera de los principios rectores de la Institución a la que Píparo debiera representar“, acusó la fiscal.

“Es a todas luces evidente que se han violado de su parte las normas de Ética en el ejercicio de la función pública dispuestas por Ley 25188/99, que reza: ‘art. 2 …b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. c)Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular'”, citó la funcionaria judicial. 

Y cerró diciendo que “resultaría al menos poco ético que la denunciada represente una institución creada en función y en resguardo de las víctimas de delitos, toda vez que conforme se desprende de las constancias de la investigación de referencia, la misma ha participado en el hecho al menos arengando a su esposo a abandonar a las víctimas a su suerte”. Sin embargo, acotó que son “circunstancias que deberán en su momento, ser evaluadas por las autoridades de contralor del Organismo en el cual la sra. Carolina Píparo cumple sus funciones”.

PEDIDO DE RENUNCIA

Cabe recordar que más de 100 organizaciones no gubernamentales de todo el país enviaron a fines de enero una extensa carta dirigida al intendente Julio Garro para pedir que la actual diputada provincial sea desplazada de su cargo como secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Genero en la Municipalidad.

La carta lleva la firma de familiares, amigos y allegados a víctimas del tránsito en Argentina, así como de otros violentos crímenes como el caso de Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo José Luis Cabezas asesinado en 1997. Este escrito se hizo público luego del pedido que ya habían realizado días atrás desde la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas y la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito

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